Hay una verdad tan sencilla como contundente: sin agua no hay vida. Su disponibilidad, calidad y acceso oportuno son condiciones indispensables para la salud y el bienestar de cualquier sociedad. Por eso, garantizar el suministro de agua potable no puede ser una tarea secundaria, sino una responsabilidad permanente de los gobiernos y una prioridad dentro de las políticas públicas.

En Colima, esta responsabilidad ha formado parte de las acciones impulsadas por la administración de Indira Vizcaíno Silva. Uno de los retos más importantes al inicio de su gobierno fue rescatar a Ciapacov, organismo que en 2021 enfrentaba una situación financiera complicada y que requería una transformación profunda.

El saneamiento administrativo y la reingeniería emprendida permitieron sentar las bases para recuperar su capacidad operativa y avanzar hacia un organismo más sólido y autosuficiente.

A partir de ese proceso se abrieron nuevas posibilidades para atender uno de los servicios más sensibles para la población. Con el respaldo y la coordinación del Gobierno de México se han concretado obras para mejorar el abasto, entre ellas acueductos y sistemas de distribución en distintos municipios, además de la recuperación de pozos profundos y la construcción y rehabilitación de más de 20 plantas purificadoras en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez.

Esta infraestructura adquiere todavía mayor relevancia con el programa que recientemente pusieron en marcha el Gobierno de Colima y Ciapacov, porque coloca en el centro a las familias que enfrentan mayores dificultades económicas. No se trata únicamente de garantizar que haya agua disponible, sino de procurar que también sea posible acceder a agua purificada a un precio que no represente una carga adicional para el gasto familiar.

La diferencia es significativa si se considera que un garrafón de 20 litros puede alcanzar precios de entre 15 y 55 pesos en el mercado. Frente a esa realidad, ofrecerlo a 10 pesos mediante el servicio de distribución en colonias y a sólo 5 pesos para quienes acudan directamente a las plantas habilitadas representa una alternativa concreta para aliviar la economía de los hogares.

Ahí está, precisamente, una de las características que distinguen a este tipo de políticas: convertir una inversión pública y una infraestructura recuperada en un beneficio que pueda sentirse directamente en el bolsillo de las familias. Bajo la premisa de administrar los recursos públicos con honestidad, austeridad y responsabilidad, el objetivo es que el dinero del gobierno termine convertido en servicios que mejoren las condiciones de vida de la población.

Y el beneficio no termina en el ahorro por cada garrafón. Para muchas familias de Colima y Villa de Álvarez, unos cuantos pesos pueden hacer la diferencia al momento de completar la despensa, comprar algún producto de la canasta básica o cubrir otra necesidad cotidiana. Lo que se deja de gastar en agua puede destinarse a otras prioridades del hogar.

En ese sentido, garantizar agua de calidad y a bajo costo va mucho más allá de resolver una necesidad elemental: también es una forma de respaldar la economía familiar. Cuando una política pública consigue atender simultáneamente un derecho básico y reducir la presión sobre el ingreso de quienes menos tienen, queda claro que el verdadero sentido de gobernar está en hacer que los recursos públicos se traduzcan en bienestar tangible para la gente. Es cuanto.